El Balance Provisional de Seguridad Vial del 2023, presentado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, muestra una persistente preocupación por el alto número de fallecidos en siniestros viales en España, a pesar de esfuerzos para mejorar la seguridad en las carreteras.
En un evento en la Dirección General de Tráfico (DGT), Fernando Grande-Marlaska reveló que el año 2023 se saldó con 1.048 siniestros mortales en las carreteras españolas, en los que 1.145 personas perdieron la vida. Estos números, aunque similares a los del año anterior, resaltan la continua gravedad de los siniestros viales en el país.
El aumento del 2% en desplazamientos de largo recorrido, junto con un parque vehicular de 36,6 millones y un censo de conductores de 27,8 millones, pone en relieve la necesidad de mayor concienciación sobre seguridad vial. Grande-Marlaska enfatizó que muchos de estos siniestros son evitables y destacó la importancia de evitar distracciones, respetar las normas de circulación y usar sistemas de seguridad.
Aunque hubo 25 días sin fallecidos, cuatro días más que en 2022, la cifra total de muertes sigue siendo alta. La Unión Europea muestra una situación similar de estabilidad en siniestralidad vial.
El 74% de los fallecidos se registraron en vías convencionales, y ha habido un preocupante aumento en la mortalidad de usuarios vulnerables, especialmente entre los motoristas, cuya mortalidad aumentó un 19%.
La franja de edad de 45 a 54 años mostró un incremento en mortalidad, al igual que la mortalidad infantil. Los hombres representan el 79% de las víctimas mortales.
En cuanto a las medidas de seguridad, es alarmante que 138 personas fallecidas no utilizaban cinturón de seguridad en el momento de los siniestros. Además, varios motoristas y ciclistas fallecidos no llevaban casco.
Andalucía y Cataluña fueron las comunidades con mayor siniestralidad, aunque ambas mostraron una disminución en comparación con el año anterior.
Para 2024, se enfocarán en la seguridad de los motoristas, las salidas de la vía y la conducción bajo la influencia de alcohol y drogas. Se introducirán medidas como cursos de recuperación de puntos específicos para motoristas y el uso obligatorio de cascos integrales. Se prevé también una revisión de las normativas de tráfico para incluir la regulación de vehículos autónomos.
